Un 12 de abril hace 226 años, los garífunas llegaron a tierras hondureñas, convirtiéndose en el segundo grupo étnico más numeroso, con una rica cultura e identidad patrimonial. En el marco de la conmemoración de su llegada, Honduras Verifica en colaboración con Internews realizó esta pieza periodística como parte del taller «Acceso a Información Pública y Verificación de Datos», taller dirigido a miembros de medios comunitarios del país.
La siguiente pieza periodística fue elaborada de manera colaborativa por miembros de medios comunitarios en Honduras en el marco del taller de Internews “Acceso a Información Pública y Verificación de Datos”.
Los garífunas son el segundo grupo étnico mayoritario en Honduras, pero lamentablemente también son la segunda etnia que más vulneraciones contra sus derechos ha sufrido, como amenazas, discriminación y delitos contra la vida.
El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC)recibió 98 denuncias por parte de personas garífunas entre 2018 a 2022.
A través de las peticiones de información realizadas en el Sistema de Información en Línea Hondureño (SIELHO), se constató que el pueblo garífuna es el segundo grupo étnico que más denuncias interpuso ante el MP, solo por detrás de los lencas.
Mediante las solicitudes de información SOL-MP-1868-2923,SOL-MP-1869-2023,SOL-MP-1870, SOL-MP-1871-2023 y SOL-MP-1872-2023, se consultó acerca de los delitos denunciados por garífunas, el género del denunciante, relación entre el denunciante y el denunciado.
Los delitos que más se denunciaron ante la FEP-ETNIAS/PC fueron el abuso de autoridad, la usurpación, discriminación y las amenazas. Estos cuatro delitos componen el 58% de las denuncias.
Se reportaron a la fiscalía 17 abusos de autoridad y 16 usurpaciones, así como 12 denuncias por discriminación y amenazas respectivamente.
La quinta acción más denunciada fueron los daños, con once denuncias; en sexto lugar las violaciones a los deberes de los funcionarios públicos.
Cabe destacar que en la información brindada solo se registran dos denuncias por asesinato, reportadas en 2018 y 2019. De ambas se desconoce qué relación tendría la víctima con su victimario.
Referente al tema del medio ambiente, existen tres denuncias por explotación ilegal de recursos naturales, interpuestas en 2022, al igual que una denuncia por daños ambientales hecha en 2021.
En menor cantidad, hubo dos denuncias por prevaricato, encubrimiento y descombros respectivamente.
Otros delitos que se denunciaron una sola vez fueron:coacción, daños ambientales, desobediencia, estafa, incendio, tentativa de homicidio, lesiones, mala praxis, daños ambientales, apropiación indebida y violación.
De los últimos cuatro años analizados, 2019 fue el que más actividad tuvo, acumulando 29 denuncias. El segundo año con más denuncias fue 2018, registrando 22 denuncias.
Con la llegada de la pandemia de COVID-19 a Honduras en 2020, la cantidad de denuncias decreció en 55% al solo registrar 13 denuncias.
En 2021 apenas esta cifra subió a una unidad más con 14 denuncias. No obstante, el año pasado tuvo un incremento de 36% al registrarse 19 denuncias.
Del total de denuncias, el 47% de denuncias fueron interpuestas por hombres, el 26% por mujeres y el 27% se desconoce si era del género masculino o femenino.
Relación ofendido-denunciado
De las 98 denuncias registradas por miembros de la comunidad garífuna, el 78% se desconoce la relación que podrían tener los denunciantes con los denunciados, representando 76 de las 98 denuncias.
Por otro lado, el 16% de denuncias en los últimos cuatro años fueron contra servidores públicos. Es decir, 16 denuncias contra funcionarios del Estado.
Se interpuso siete denuncias contra funcionarios públicos fueron por abuso de autoridad; dos denuncias por prevaricato; dos por violación a los deberes de los funcionarios públicos.
En adición, las denuncias por mala praxis, daños, encubrimiento, amenazas y explotación ilegal de recursos naturales acumulan una por cada delito respectivo.
También elementos de seguridad estatal como policías y militares han sido denunciados ante el MP, aunque en menor medida.
En marzo de 2018, elementos policiales y militares fueron denunciados por discriminación y abuso de autoridad.
Para abril de 2021, se volvió a interponer una denuncia contra un oficial de la policía, pero en esa ocasión por violación a los deberes de funcionario público.
Estados de investigación
Para relacionar la cantidad de denuncias con el estado actual de las investigaciones, se solicitó al Poder Judicial a través de SIELHO que brinda estadísticas sobre casos judicializados, detallando el estado actual del juicio o la investigación.
Mediante la solicitud SOL-PJ-2227-2023, la Oficial de Información Pública (OIP) del Poder Judicial reveló que en las estadísticas del Poder Judicial no se maneja la variable de etnia.
La misma respuesta se obtuvo por parte de la Secretaría de Seguridad. La Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora continua aclaró que tampoco manejan la variable de etnia debido a que en el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) la información que se registra es preliminar.
Únicamente el MP posee cifras sobre el estado de investigación de los casos. A través de las solicitudes SOL-MP-1868-2023 y SOL-MP-1869-2023, se brindó información sobre las acciones realizadas por el MP.
La información proporcionada corresponde al Módulo Estratégico de Persecución Penal del MP.
De 2018 a 2022, se contabilizan 27 requerimientos fiscales y ocho desistimientos.
Once de estos requerimientos fiscales se encuentran en etapa preparatoria, equivalente al 41%; nueve en sobreseimientos definitivos y tres en proceso de conciliación.
Cabe destacar que los nueve sobreseimientos definitivos eran investigaciones por denuncias de violación a los deberes de los funcionarios públicos.
Hay dos casos en los que se interpusieron recursos de amparo, uno de ellos a favor del imputado y el otro a favor del MP.
Respecto a investigaciones en estado de casación, apelación y cerradas, solo se registran uno respectivamente.
Delito y requerimiento fiscal
La mayor parte de requerimientos fiscales son por violación a los deberes de los funcionarios, representando el 39% con once requerimientos. Nueve de ellos ya fueron sobreseídos definitivamente, mientras que los otros aún continúan en etapa preparatoria.
La discriminación es el segundo delito con mas requerimientos fiscales, acumulando seis (equivalente al 21%). De estos procesos, en dos se interpuso un recurso de amparo (uno a favor de la fiscalía y otro a favor del imputado); y los demás se encuentran en casación, conciliación, preparación y en apelación.
En tercera posición se ubica el abuso de autoridad con cuatro casos (15% de los 27 requerimientos fiscales). De estos, tres se encuentran en etapa preparatoria y un caso ya concluyó.
La explotación ilegal de recursos naturales y la usurpación suman dos requerimientos fiscales respectivamente. Los dos casos de explotación de recursos datan de 2022 y se mantienen en etapa preparatoria.
Por el delito de usurpación, un caso se encuentra en etapa preparatoria y el otro en conciliación. Por otra parte, solo se registra un caso por daños, el cual se encuentra en proceso de conciliación.
Sentencias
Conforme a la información proporcionada en la petición SOL-MP-1897-2023, el MP entre 2017 a 2022 solo registra cinco casos donde se obtuvo una sentencia condenatoria.
Estas sentencias fueron por los delitos de: asesinato, desobediencia, homicidios, corte ilegal de productos forestales con daños agravados, y una denuncia por amenazas a muerte, daños y allanamiento de morada.
Por otra parte, la documentación agregó que solo hay dos sentencias absolutorias.
Una de ellas fue en 2019, que corresponde a la acusación por discriminación contra una fémina. La otra absolución es de 2020, correspondiente a los delitos de corte ilegal de productos forestales y daños agravados.
La otra absolución es de 2020, correspondiente a los delitos de corte ilegal de productos forestales y daños agravados.
Asesinatos contra garífunas
A través de otra petición de información con registro SOL-MP-1897-2023, se evidenció que hubo nueve asesinatos contra personas garífunas entre 2019 a 2023.
Cinco de estos asesinatos tuvieron como víctima a hombres; todos estos casos continúan en diligencias investigativas.
En cambio, los cuatro asesinatos restantes corresponden a mujeres. Las investigaciones de estos casos ya se encuentran concluidas.
Cabe destacar que en estas cifras se incluye el caso de las tres mujeres garífunas, a las cuales les arrebataron la vida el pasado 15 de enero en Puerto Cortés.
Asesinatos según WA-DANI
Las cifras de asesinatos contra personas del pueblo garífuna que contabiliza el MP no se acercan a las registradas por el portal de noticias garífunas WA-DANI.
WA-DANI con sus registros creó una base de datos en la cual los asesinatos contra garífunas están detallados por año, edad y nombre de la víctima. Además, se incluyen asesinatos cometidos en México y Estados Unidos.
En total, WA-DANI reporta 68 asesinatos contra garífunas durante 2019 a 2021, de las cuales el 88% ocurrieron en Honduras. Es decir, 60 garífunas fueron asesinados en suelo catracho.
En Estados Unidos se cometieron seis asesinatos, tres de ellos en el Estado de Texas y los otros tres en Nueva York. Cinco de las víctimas fueron hombres y solo una pertenece al género femenino.
En territorio mexicano se reportó un asesinato en el Estado de Veracruz, en el cual un le arrebataron la vida a un hombre garífuna en enero de 2019.
En Honduras el 80% de asesinatos se cometieron en los departamentos de Atlántida y Cortés; 26 asesinatos en Atlántida y 22 en Cortés.
Colón es el tercer departamento con más reportes de asesinatos, aunque con una disminución drástica a comparación de Atlántida y Cortés, con seis asesinatos.
Seguido de Cortés se ubica Francisco Morazán con dos asesinatos, mientras que Comayagua, Gracias a Dios e Islas de la Bahía solo contabilizan una muerte de este tipo respectivamente.
Solamente un asesinato de octubre de 2019 se desconoce en qué departamento ocurrió.
El año más mortífero fue 2020 con 30 asesinatos, cinco asesinatos más que en 2019. En cambio, en 2021 hubo una reducción del 56% al contabilizarse sólo trece casos.
El 74% de las víctimas fueron hombres, con un total de 50 asesinatos. En cambio, a catorce mujeres les arrebataron la vida, representando el 21% de los asesinatos. Solamente de cuatro personas se desconoce su sexo.
Asesinatos contra líderes
De acuerdo a estadísticas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) obtenidas mediante la solicitud de información SOL-CONADEH-303-2023 , 13 garífunas fueron asesinados entre 2017 a 2022.
De ellos, cinco ostentaban un cargo de liderazgo en sus comunidades; dos eran presidentes del consejo de ancianos, otros dos eran líderes comunitarios y uno se destacó como dirigente.
Ocho de los asesinados eran hombres (equivalente 62% de los asesinatos), y los cinco restantes eran mujeres (38% de los asesinatos).
De los trece asesinatos, once se cometieron con arma de fuego, es decir, el 85%, mientras que los otros dos asesinatos primeramente se reportaron como desaparecidos hasta que se encontraron sus cuerpos sin vida.
Según Conadeh, siete de estas muertes fueron ejecutadas por sujetos desconocidos, y de las seis restantes se desconoce qué relación podrían haber tenido con la víctima.
Sentencias internacionales
Ante la falta de compromiso del Estado por proteger los derechos del pueblo Garífuna en su condición de pueblo indígena, se ha tenido que recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recordarle al Estado que debe velar por el bienestar del pueblo garífuna.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es la sentencia dictada por la CIDH el 8 de octubre de 2015, en la cual declaró responsable al Estado de Honduras por violación al derecho de propiedad colectiva en perjuicio de la comunidad de El Triunfo de la Cruz.
El Estado no cumplió con la delimitación y demarcación de tierras tituladas a beneficio de la comunidad debido a que no reconoció los territorios como tierras tradicionales.
Asimismo, la CIDH señaló que el Estado tampoco realizó el debido proceso de consulta.
El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece en el artículo 14 que los Estados deben reconocer y velar por los derechos de propiedad y ocupación de tierras ancestrales a favor de los pueblos indígenas y tribales.
El 20 de agosto del 2014, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció que el Estado de Honduras denegó al pueblo Garífuna su condición de pueblo indígena, reduciendo su condición a solo ser afrodescendientes.
A pesar de la sentencia de la CIDH, han transcurrido siete años y el Estado no ha cumplido con su obligación de devolver las tierras de Triunfo de la Cruz, así como tampoco se ha esmerado en proteger la vida de los miembros de la comunidad.
Desde el 18 de julio de 2022, se desconoce el paradero de Sneider Centeno, Suami Mejía, Milton Martínez y Gerardo Tróchez, líderes garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
Los dirigentes fueron sacados de sus casas en horas de la madrugada por presuntos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI). Hasta la fecha, las autoridades no han respondido acerca del paradero ni del estado de estas personas.
Pero además de tener que soportar la indiferencia del Estado, también deben lidiar con la criminalización en su contra, principalmente a los líderes comunitarios.
Actualmente, la coordinadora de la OFRANEH, Miriam Miranda, está enfrentando una línea de investigación ejercida por el MP desde el 17 de agosto de 2022.
Otro caso reciente es la intimidación que están sufriendo los miembros de la comunidad de Punta Gorda, Roatán. Desde que el pueblo garífuna recuperó el territorio “Wagaira Le” han tenido que resistir acciones intimidatorias, como disparos como señal de amenaza denunciados el pasado 24 de marzo.
A continuación se detalla el nombre y créditos de todos los miembros de los medios comunitarios que participaron en la elaboración de esta pieza periodística:
Ana Rosaura Pérez, Radio Comunitaria Sugua; Carlos Ismael Galeas, Radio Marcala; Dilma López Banegas, Radio Marcala; Dixon Morales, Radio ODECO; Francisco Pérez Ramos, Radio Zavalanquira; Gladys Viera, Exclusiva; Jorge Andino García, PLAY FM; Kenny Castillo Fernández, WA-DANI; Lennys Fajardo, RDS; Megan Puerto, PLAY FM; Melis Suazo Argueta, Radio Suyuguare; Paula Lorenzo Arriaga, Radio Zavalanquira; Pedro Lemus, Exclusiva; RadioReina Corea, RDS; Stephany Cayetano Bernárdez, Radio ODECO; Yesenia Lemus, Exclusiva Radio; Angelo Avila, Honduras Verifica; Mario Cerna, Honduras Verifica, y Facilitador del taller.